Mañana, 16 de octubre de 2012, en las instalaciones de ExpoCoruña, dará inicio el juicio sobre uno de los mayores desastres ecológicos de Europa, el derrame de más de 77.000 toneladas de fuel de baja calidad que transportaba el buque petrolero «Prestige» (Liberia), que operaba bajo bandera de Bahamas en la mañana del 19 de noviembre de 2002, luego de seis días de agonía en alta mar.
Muchos de los expertos consultados coinciden en indicar que el petrolero monocasco se encontraba en pésimo estado de conservación y que los daños ecológicos fueron evidentes y sus consecuencias aún pueden observarse en la zona afectada. La parte afectada de la costa no sólo tenía gran importancia ecológica (como es el caso de las Rías Bajas), sino también una notable industria pesquera. El 2 de enero de 2003, las manchas de combustible se encontraban a tan sólo 50 kilómetros de la costa. Posteriormente, alcanzaron las costas gallegas, originando una tragedia ecológica de grandes proporciones. Expertos de la Universidad de Santiago de Compostela estimaron que los daños ocasionados podían ascender a 4.000 millones de euros.
Desde el desastre, los petroleros similares al Prestige han sido apartados de la costa francesa y española. Tomando como base esta catástrofe, la Unión Europea legisló acerca de la prohibición en toda la UE de los petroleros monocasco.
La globalización de la responsabilidad
Será interesante dilucidar las responsabilidades de cada uno de los actores en este desastre ecológico, ya que; por un lado, la propiedad del barco fabricado en Japón recae sobre Liberia; por otro lado, se encontraba gestionado por una empresa Griega; sin olvidar también que una empresa de Suiza era propietaria de la carga y que la británica London Steamship Owners Insurance era la aseguradora. Finalmente, la Unión Europea también podría tener cierta responsabilidad debido a su, hasta entonces, permisiva legislación en el transporte de mercancías altamente contaminantes y la utilización de buques monocasco en aguas de su territorio.
Un macrojuicio para una tragedia de gigantescas proporciones
En total, cuatro personas se tendrían que sentar en el banquillo, aunque una está en paradero desconocido: el capitán del buque, el griego Apostolos Mangouras; Irineo Maloto, primer oficial, filipino y huido; Nikolaos Argyropoulos, también griego y jefe de máquinas, y José Luis López-Sors, entonces director general de la Marina Mercante.
La razón de habilitar un recinto tan grande como ExpoCoruña nos indica las dimensiones del proceso judicial que se llevará acabo duante las próximas semanas. Un presupuesto de 1,4 millones de euros, 2.128 partes personadas, 133 testigos, 98 peritos, 51 abogados y 21 procuradores.
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